Los años del Concilio Vaticano II
33. Con san Juan XXIII se abre una nueva etapa del Magisterio social, marcada por una atención más explícita a la dimensión mundial de las cuestiones sociales y al lenguaje de los derechos. En Mater et magistra presenta la fe cristiana como una luz capaz de unir el cielo y la tierra, recordando que la Iglesia, aunque tiene como misión principal la santificación y el anuncio de los bienes eternos, no por ello descuida las necesidades concretas de la vida cotidiana de las personas, sino que se interesa por todo auténtico bien humano. [27] Partiendo de esta visión unitaria del ser humano, subraya que la vida social exige un equilibrio entre la iniciativa de los ciudadanos y de los grupos, llamados a autoorganizarse y colaborar, y la acción del Estado, que debe coordinar y sostener sin sofocar la libertad y la responsabilidad de los sujetos; por ello, presta atención a la justa remuneración del trabajo, a la participación de los trabajadores y a las crecientes disparidades entre los países. Pocos años después, con Pacem in terris, dirigiéndose por primera vez no sólo a los fieles sino a todos los hombres de buena voluntad, san Juan XXIII vincula de manera orgánica la dignidad de la persona con el reconocimiento de los derechos y deberes fundamentales y propone un orden de convivencia —también en el plano internacional— fundado en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. [28] En nuestra época, marcada por conflictos generalizados y nuevas formas de interdependencia global, siguen siendo especialmente significativos el alcance universal de su llamamiento, la referencia a los derechos humanos como lengua común y la convicción de que una paz duradera requiere instituciones y relaciones entre los pueblos inspiradas en la dignidad de cada persona.
34. El Concilio Vaticano II marcó un punto de inflexión en la forma en que la Iglesia se entiende a sí misma en el mundo contemporáneo. En la Constitución pastoral Gaudium et spes nos presentó la imagen de una Iglesia cercana a la humanidad, comprometida con el mundo y dedicada a reflexionar no a partir de esquemas abstractos, sino de la realidad concreta de las situaciones históricas. El texto aborda las grandes cuestiones del matrimonio y la familia, de la vida económica y social, de la comunidad política, de la guerra y la paz, insistiendo en que las estructuras económicas e institucionales son justas sólo en la medida en que sirven al desarrollo integral de la persona y favorecen la participación responsable de todos. [29] La importancia de este documento conciliar para la Doctrina social de la Iglesia radica no sólo en haber abierto perspectivas de reflexión temática, sino también en haber proporcionado un método de discernimiento que invita a interpretar las transformaciones históricas con una mirada evangélica y competencia humana. Este estilo muestra que el diálogo con el mundo no es para la Iglesia una opción táctica, sino una forma concreta de su misión, porque el Evangelio, como levadura, puede transformar desde dentro las estructuras de la convivencia y abrir caminos hacia una mayor humanidad. En este horizonte se inscribe también la Declaración Dignitatis humanae, en la que el Concilio reconoce que la libertad religiosa es un derecho fundamental arraigado en la dignidad de la persona, que debe ser garantizado por el ordenamiento jurídico para que nadie sea obligado a actuar en contra de su conciencia ni impedido de buscar y profesar la verdad en privado y en público. [30] Este principio, de gran relevancia para nuestro tiempo, sigue ofreciendo a la Doctrina social criterios decisivos para la protección de la persona y para la construcción de sociedades pluralistas y pacíficas.
35. En el Pontificado de san Pablo VI surge una concepción de la paz que no se reduce a la ausencia de guerra, sino que se concreta en el camino hacia un desarrollo humano integral. En Populorum progressio, describe el desarrollo como el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas y lo entiende como un proceso que atañe a «todos los hombres y a todo el hombre», [31] es decir, a todas las dimensiones de la persona y a todos los pueblos, sin excepción. Sobre esta base, Pablo VI puede afirmar que un desarrollo así concebido es, en realidad, «el nuevo nombre de la paz», [32] porque tiene como objetivo eliminar las raíces de la injusticia y el conflicto y abrir espacios para una vida más digna para todos. También la creación de la Pontificia Comisión Iustitia et Pax debe interpretarse en este sentido, como un intento de dar una forma estable, a nivel eclesial e internacional, a esta intuición, manteniendo viva la conciencia sobre la brecha creciente entre países ricos y países pobres y sobre la necesidad de políticas que promuevan condiciones de vida realmente más humanas para todos.
36. Con la Octogesima adveniens, escrita con motivo del 80° aniversario de la Rerum novarum, Pablo VI traslada esta perspectiva a la sociedad postindustrial, marcada por transformaciones urbanas, nuevas formas de pobreza, cambios en el mundo laboral y rápidos cambios culturales que ponen en tela de juicio el futuro de las personas y las comunidades. Para Pablo VI, el Evangelio, a pesar de haber sido anunciado, escrito y vivido en un contexto histórico-cultural muy diferente al nuestro, no se trata de un mensaje "superado", sino de una visión de la persona humana, de las relaciones, de la autoridad y del bien común capaz de orientar también hoy las decisiones económicas, políticas y culturales. [33] En otras palabras, el Evangelio sigue siendo actual porque proporciona los criterios para reconocer lo que humaniza o deshumaniza, lo que libera u oprime, en situaciones siempre nuevas. Para la Doctrina social de la Iglesia, el legado más exigente de Pablo VI es precisamente este: mientras en el mundo haya pueblos excluidos de un desarrollo digno del ser humano, la comunidad cristiana no podrá contentarse con proclamar la paz en abstracto, sino que deberá dejar que el Evangelio juzgue, a partir de quienes quedan al margen, aquellas estructuras económicas y políticas que, como recordaría Juan Pablo II, pueden convertirse en auténticas «estructuras de pecado», [34] para que ninguna persona ni ningún pueblo sea tratado como prescindible en los procesos de desarrollo.